El derecho civil es una materia que tiene una gran incidencia en la vida cotidiana de los/las ciudadanos/as. Sus modificaciones y/o adaptaciones exigen pulsar el estado en que se encuentra su aplicación y,  las deficiencias y necesidades surgidas por el permanente dinamismo de la sociedad en la que se aplica.  Esta circunstancia, unida a su complejidad y,  al obligado estudio y sosiego que debe preceder a cualquier alteración en su regulación, exige acercarse a la mayor parte de colectivos posibles y facilitar la participación de todos los operadores jurídicos que quieran hacerlo, sin pausa pero tampoco con prisa.

En nuestro caso, la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico civil se encuentra en la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco, sobre el que han incidido regulaciones posteriores como, por ejemplo, la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares, en supuestos de separación o ruptura de los progenitores o la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

Por consiguiente, cualquier procedimiento de reforma, debe tener en cuenta el conjunto normativo que debe ser considerado y, debe partir del conocimiento de todas las opiniones que quieran ser  emitidas  y  todas las sensibilidades que deseen ser oídas, singularmente, en lo que constituye el tronco de nuestro ordenamiento jurídico para, logrado el mayor consenso posible,  aproximarse a otros terrenos que, teniendo también una gran importancia, suponen una,  necesaria y previa indagación,  sobre la posibilidad de abordarlos con seguridad jurídica, en todo su extenso y amplio campo de actuación.

La reflexión anterior nos obliga a modular en el tiempo las iniciativas previstas en nuestro programa de gobierno.