Iniciativa 3. Si las medidas preventivas de cooperación no tuvieran resultado, el departamento competente en materia de defensa del autogobierno, previa consulta con el departamento sectorial afectado elevará al Consejo de Gobierno las propuestas de interposición de procesos constitucionales o judiciales de toda índole que se sustancien en defensa del autogobierno vasco, de las competencias atribuidas a Euskadi y de la organización institucional de la Comunidad Autónoma.

Responsable: Sabino Torre Díez (Viceconsejero de Régimen Jurídico)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Actuaciones por orden cronológico

Fecha	Actuación
25/05/2021	Se aprueba un requerimiento de incompetencia, previo al planteamiento de un conflicto positivo de competencia, al amparo de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en relación a varios preceptos del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
25/11/2021	El Gobierno Vasco recurre ante el Tribunal Supremo el auto que no autoriza la exigencia del certificado covid digital. Los servicios jurídicos defienden la proporcionalidad de la medida ya que toda restricción de derechos debe de ser necesaria y adecuada para proteger un derecho superior como el derecho a la vida y a la protección de la salud. Justifica que la medida sea para toda la comunidad autónoma cuando la tasa de incidencia supere los 150 casos por la alta movilidad social y la reducida superficie territorial de Euskadi. El Tribunal Supremo dictó Sentencia estimando completamente el recurso , anulando la denegatoria del TSJPV y confirmando la corrección de la orden del Departamento de Salud que regula la exigencia del certificado covid digital para la entrada en determinados lugares cerrados.
26/04/2022	Autorización para solicitar la comparecencia del Gobierno Vasco en calidad de coadyuvante ensendos recursos de inconstitucionalidad presentados frente a la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que da nueva redacción a aquella.